Ciudad de México; 15 de noviembre de 2024. El Congreso de la Ciudad de México ha hecho un llamado urgente a los gobernadores de Guanajuato y Querétaro, así como al mandatario electo de Jalisco, para que revisen y modifiquen sus estrategias de seguridad. Este exhorto se suma a la iniciativa federal de seguridad liderada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con el objetivo de hacer frente a la creciente ola de violencia en estos estados. La situación fue destacada por la diputada Xóchitl Bravo Espinosa, quien presentó un Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, el cual fue aprobado en la sesión del Pleno del Congreso capitalino el jueves pasado.

Desde la tribuna, la diputada Bravo Espinosa subrayó la importancia de una coordinación eficaz entre los gobiernos estatales y federales para combatir el crimen organizado, destacando que los gobernadores de Guanajuato, Libia García; de Querétaro, Mauricio Kuri; y el mandatario electo de Jalisco, Pablo Lemus, tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad de sus ciudadanos. "Hoy vemos en diversos medios de comunicación la inseguridad desbordada que impera en los estados de Jalisco, Guanajuato y Querétaro", afirmó Bravo Espinosa, haciendo referencia a lo que considera un crítico corredor de violencia.

La Coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena señaló que la actual crisis de seguridad es una de las secuelas más devastadoras de la estrategia de mano dura implementada por el ex presidente Felipe Calderón hace más de una década. Según afirmó, dicha estrategia, lejos de mejorar la situación, agravó la violencia y la inseguridad en el país. Bravo Espinosa acusó a los gobiernos conservadores de Jalisco, Guanajuato y Querétaro de no rectificar sus políticas por razones políticas, anteponiendo intereses personales sobre el bienestar de la población.

En este contexto, el llamado a la acción del Congreso de la Ciudad de México busca fomentar un esfuerzo conjunto y sistemático que involucre a diversos niveles de gobierno. La diputada Bravo Espinosa enfatizó la necesidad de que los líderes estatales abandonen posturas políticas que obstaculizan el proceso y prioricen estrategias colaborativas con el gobierno federal. Este enfoque es visto como crucial para abordar las causas profundas de la violencia y brindar una mayor seguridad a los ciudadanos de estas regiones afectadas.