El empresario y exfuncionario público Simón Levy Dabbah se encuentra en medio de una nueva controversia legal que podría complicar aún más su situación jurídica, luego de que se difundiera que se habría declarado en bancarrota de manera irregular en Estados Unidos con el aparente objetivo de eludir sus responsabilidades legales y financieras en México.  

Documentos oficiales del Tribunal de Bancarrotas del Distrito Sur de California revelan que Levy presentó en enero de 2026 una solicitud de protección por bancarrota bajo el Capítulo 13, desde una dirección registrada en San Diego, California. Sin embargo, según analistas legales citados por medios nacionales, la solicitud podría contener información subvaluada sobre sus bienes, en comparación con declaraciones previas en demandas legales en México, lo que constituiría un posible delito de perjurio bajo la ley estadounidense.  

De comprobarse que la información financiera proporcionada a los tribunales es falsa o incompleta, Levy no solo podría ver desestimado el proceso de bancarrota, sino enfrentar sanciones penales que incluyen penas de prisión por fraude concursal y perjurio, delitos graves en la jurisdicción estadounidense.  

La controversia se suma a los retos legales que Levy ya enfrenta en México, donde existe más de una orden de aprehensión en su contra por delitos como daño doloso a la propiedad y otros cargos penales, causas por las que las autoridades mexicanas han solicitado su extradición desde hace varios meses.  

Hasta el momento, ni Levy ni sus representantes han emitido declaraciones públicas sobre estas nuevas acusaciones relacionadas con la bancarrota en Estados Unidos. El caso sigue bajo escrutinio tanto de las autoridades norteamericanas como de las mexicanas, y podría representar un giro significativo en los procesos judiciales vinculados al exfuncionario.