Un juez federal de distrito ha bloqueado de manera temporal la orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que buscaba negar la ciudadanía estadounidense a los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en el país. La decisión representa el primer revés judicial significativo para una de las medidas más polémicas impulsadas por Trump durante su mandato, enfrentándose directamente a la Enmienda XIV de la Constitución estadounidense, que desde 1868 garantiza la nacionalidad a toda persona nacida en territorio estadounidense, independientemente del estatus migratorio de sus padres.

El juez John Coughenour, con más de cuatro décadas de experiencia en la justicia, calificó la orden ejecutiva de “descaradamente inconstitucional” e “imposible de comprender”. Durante la audiencia, dirigida al abogado del Departamento de Justicia Brett Shumate, el magistrado recordó que no había visto una medida tan contraria a la Constitución en toda su trayectoria. Según su decisión, el decreto de Trump no puede entrar en vigor mientras se resuelven las múltiples demandas interpuestas.

La medida, firmada por Trump tras asumir la presidencia, buscaba eliminar el principio del ius soli o derecho del suelo. Según el texto del decreto, "la ciudadanía no se extiende automáticamente a quienes nazcan en Estados Unidos si su madre está en el país de manera ilegal o si el padre no es ciudadano estadounidense”. Esto también incluía a los hijos de padres protegidos por visas temporales de trabajo, estudio o turismo.

"Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a la jurisdicción de los mismos, son ciudadanos de los Estados Unidos y del estado en el que residen", reza el texto constitucional. 

El fallo del juez Coughenour responde a una de las cinco demandas principales presentadas contra la orden ejecutiva, lideradas por los estados de Washington, Arizona, Illinois y Oregón. Estas demandas han contado con el respaldo de organizaciones de derechos humanos como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), que calificaron la orden como un ataque directo contra los derechos fundamentales. De hecho, la primera demanda fue interpuesta por una coalición de 18 estados, entre ellos Nueva Jersey, Nueva York y California, apenas minutos después de la firma del decreto.

La decisión del juez Coughenour suspende la implementación del decreto durante dos semanas, pero se espera que este sea solo el inicio de una prolongada batalla judicial. El caso podría escalar hasta el Tribunal Supremo, donde el bloque conservador, reforzado durante el mandato de Trump, podría tener un papel determinante. Los expertos legales anticipan que la cuestión del derecho a la ciudadanía por nacimiento enfrentará un intenso escrutinio, considerando que esta tradición lleva más de 150 años vigente en Estados Unidos.

En 2022, aproximadamente 255.000 bebés nacieron de madres indocumentadas en Estados Unidos, lo que representa el 7% de todos los nacimientos de ese año. Estas cifras ilustran la magnitud de las implicaciones que tendría la eliminación del derecho a la ciudadanía por nacimiento. Sin embargo, Trump justificó su decreto afirmando, de manera incorrecta, que Estados Unidos era “el único país del mundo” que mantenía este principio, lo que, según él, convertía al país en un "imán para la migración". En realidad, al menos 30 países, incluidos México y Canadá, también aplican el ius soli.

El decreto de Trump forma parte de una serie de políticas migratorias restrictivas que marcaron su administración, muchas de las cuales enfrentaron desafíos legales. Aunque el expresidente aseguró que su objetivo era proteger los intereses del país, organizaciones civiles y líderes políticos calificaron estas medidas como un intento de socavar derechos fundamentales y marginar aún más a las comunidades inmigrantes.

El fallo de Coughenour representa una victoria temporal para los defensores de los derechos humanos, pero el futuro de la medida dependerá de las próximas decisiones judiciales. Si el caso llega al Tribunal Supremo, podría sentar un precedente histórico sobre el alcance de la Decimocuarta Enmienda.