Congreso de Nuevo León apruébales JUICIO POLÍTICO en contra de Samuel García
Por seis votos a favor (PRI y PAN) contra cinco (MC, PVEM y Morena), la Comisión Anticorrupción aprobó iniciar juicio político contra Samuel García, gobernador de Nuevo León. El proceso deriva de 18 sanciones por anomalías en las elecciones de 2024, incluyendo uso indebido de recursos públicos y violación a principios de equidad electoral. La decisión ordena al mandatario presentar su defensa ante el Congreso el 20 de febrero a las 16:00 horas.
FUNDAMENTOS LEGALES Y RESOLUCIONES ELECTORALES
El acuerdo cita resoluciones del Tribunal Electoral (SRE-PSC-526/2024, SRE-PSC-533/2024, entre otras) que imputan a García por “atacar el ejercicio del sufragio” y vulnerar imparcialidad en la contienda. La Comisión señaló que las conductas “dañan gravemente intereses públicos”, basándose en el artículo 15 de la Ley de Juicio Político estatal. Además, se notificará a las Salas del TEPJF para dar seguimiento a las sanciones electorales.
TENSIONES EN DEBATE: ACUSACIONES DE VIOLENCIA POLÍTICA
Sandra Pámanes (MC) denunció “chantaje político” al cuestionar la inclusión de expedientes ligados al PRI y PAN en el proceso. Lorena de la Garza, presidenta de la Comisión, la acusó de “violencia política de género” tras señalar que sus “jefes son del PRI y PAN”. Pámanes argumentó que el dictamen genera “indefensión” para García y viola debido proceso, calificando el acto como “ataque sistemático” contra el gobernador.
MORENA PROPONE MULTAS DIRECTAS COMO ALTERNATIVA
Jesús Elizondo (Morena) sugirió evitar el juicio político y aplicar una multa directa o remitir el caso al Instituto Estatal Electoral (IEEPCNL)**. Advirtió que, de seguir el proceso, García “ganará vía amparo”, como ocurrió con Jaime Rodríguez en 2018. “La sanción debe ser por mecanismos adecuados, no por venganza”, insistió, señalando que el juicio podría prolongarse sin resultados concretos.
CONTEXTO DE SANCIONES Y PRECEDENTES
García acumula más de 18 sanciones por irregularidades durante su campaña, incluyendo uso de redes oficiales para promoción personal. El caso evoca el fallido juicio político a Jaime Rodríguez, quien evitó la destitución mediante recursos legales. Analistas subrayan que el proceso actual enfrenta riesgos similares, dependiendo de la estrategia jurídica del gobernador y el respaldo de su partido, Movimiento Ciudadano.
INSTRUCCIONES PARA NOTIFICACIÓN Y DEFENSA
La Oficialía Mayor del Congreso emplazará personalmente a García para que presente su informe de descargo y nombre un abogado. Se ordenó notificar al TEPJF para alinear el proceso con el artículo 457 de la Ley General Electoral, que obliga a cumplir resoluciones judiciales. El plazo perentorio aumenta la presión sobre el mandatario, quien mantiene silencio público ante el caso.
REACCIONES POLÍTICAS Y RIESGOS INSTITUCIONALES
El PRI y PAN insisten en que el juicio es “necesario para restaurar legalidad”, mientras MC lo tilda de “persecución mediática”. Organizaciones civiles exigen transparencia, recordando que Nuevo León lidera índices nacionales de desconfianza en instituciones. El conflicto podría paralizar reformas clave, como el Presupuesto 2025, estancado por falta de acuerdos partidistas.
PRÓXIMOS PASOS Y ESCENARIOS LEGALES
Tras la presentación de la defensa de García, la Comisión evaluará si eleva el caso al pleno del Congreso para votar la destitución. Expertos anticipan que el gobernador recurrirá a amparos para retrasar el proceso, alargando una batalla que podría extenderse hasta 2025. Mientras, la oposición busca capitalizar el caso como bandera anticorrupción de cara a elecciones locales.
Con información de Tabasco Hoy
