Un proyecto que prometía modernizar el servicio de taxis en la Ciudad de México terminó envuelto en pérdidas económicas, señalamientos de irregularidades y disputas legales internacionales, con la participación de inversionistas como el empresario Ricardo Salinas Pliego.

La iniciativa, impulsada en 2016 durante la administración de Miguel Ángel Mancera, contemplaba la instalación de tabletas electrónicas en miles de unidades para ofrecer servicios digitales y mejorar la experiencia de los usuarios. Sin embargo, el plan no logró consolidarse y quedó marcado por retrasos y cuestionamientos sobre su ejecución.  

Inversión elevada, resultados limitados

El proyecto fue concesionado a la empresa Servicios Digitales Lusad, que buscaba equipar a más de 138 mil taxis en la capital del país. Para su financiamiento se integró un grupo de inversionistas, entre ellos Salinas Pliego, con recursos cercanos a los 90 millones de dólares.  

A pesar del capital invertido, la iniciativa no alcanzó los objetivos planteados y derivó en pérdidas millonarias, además de generar conflictos entre los propios socios involucrados.  

Señalamientos y conflictos legales

Con el paso del tiempo surgieron acusaciones de irregularidades financieras y opacidad en el manejo del proyecto, lo que escaló a litigios en tribunales internacionales, particularmente en Estados Unidos.  

La falta de resultados y los problemas legales evidenciaron las dificultades de implementar un modelo tecnológico a gran escala en un sistema de transporte con más de 140 mil unidades en operación en la capital.  

Cancelación y consecuencias

Durante la administración de Claudia Sheinbaum, el proyecto fue cancelado tras ser calificado como un esquema privado con posibles irregularidades. La decisión abrió la puerta a procesos de arbitraje internacional derivados de las inversiones realizadas.  

El caso se suma a otros episodios en los que proyectos de modernización del transporte público han enfrentado obstáculos por problemas de planeación, financiamiento y supervisión, dejando cuestionamientos sobre el uso de recursos y la participación de actores privados en iniciativas públicas.