El empresario Ricardo Salinas Pliego generó controversia tras criticar la estrategia del gobierno federal para exhibir a gasolineras con precios elevados, al comparar las lonas colocadas por la Procuraduría Federal del Consumidor con prácticas del crimen organizado.

La reacción surge luego de que el gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum anunciara la implementación de avisos visibles con la leyenda “no cargues aquí” en estaciones de servicio que vendan combustible a costos considerados excesivos, con el objetivo de alertar a los consumidores y presionar a la baja los precios.  

A través de redes sociales, el dueño de Grupo Salinas cuestionó duramente la medida y la calificó como una forma de intimidación. Incluso, aseguró que estas acciones se asemejan a las “narcomantas”, utilizadas por grupos delictivos, y acusó al gobierno de ejercer presión indebida sobre los empresarios del sector energético.  

El empresario también señaló que la estrategia representa una especie de “extorsión institucional”, argumentando que podría afectar la viabilidad de los negocios y desincentivar la inversión privada en el país.  

Gobierno defiende la medida

Por su parte, autoridades federales han defendido la iniciativa al asegurar que busca proteger el poder adquisitivo de los consumidores frente a prácticas abusivas en el mercado de combustibles. La Profeco sostiene que la colocación de estas lonas tiene un carácter informativo, permitiendo a los ciudadanos tomar decisiones más conscientes al momento de cargar gasolina.  

La medida forma parte de una estrategia más amplia para vigilar el comportamiento de los precios en el sector energético y fomentar condiciones más justas para los usuarios.  

Debate entre regulación y libre mercado

El enfrentamiento ha reavivado la discusión sobre los límites de la intervención gubernamental en la economía. Mientras el gobierno argumenta que es necesario frenar abusos en precios, voces del sector empresarial advierten sobre posibles excesos regulatorios y sus efectos en la competencia.  

La polémica continúa creciendo en redes sociales y en el ámbito político, evidenciando la tensión entre autoridades y empresarios en torno al control de precios y la protección al consumidor en México.