Ciudad de México; 09 de enero de 2025. Al cumplirse 100 días del nuevo Gobierno federal, el coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República, Clemente Castañeda, lamentó que este nuevo régimen haya demostrado que no tiene la intención de enmendar los errores del pasado.

“En los primeros 100 días de trabajo, el nuevo régimen ha demostrado que no piensa enmendar sus errores. Al contrario, parece empecinado en profundizar los problemas de justicia, seguridad y derechos humanos”, señaló el senador por Jalisco.

El coordinador parlamentario expuso que la mayoría de Morena tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República ha utilizado todos los artilugios y las mañas de los partidos tradicionales que tanto criticaron para impulsar reformas que comprometen la vida democrática de México.

En ese sentido, lamentó que algunas de estas reformas constitucionales hayan sido aprobadas a espaldas del pueblo de México, ignorando a activistas y académicos, y mediante amenazas y presiones a legisladores de otros partidos, lo que tendrá un alto costo para el futuro de la población mexicana. 

Sin embargo, Clemente Castañeda también subrayó que dentro de estas reformas constitucionales hubo algunas que sí son positivas para la población, las cuales fueron respaldadas por la Bancada Naranja en el Senado. 

Una de ellas es la relativa a que el aumento al salario mínimo nunca esté por debajo de la inflación y para que maestros, policías y personal de salud perciban un salario mensual equivalente al salario promedio registrado ante el IMSS, el cual actualmente equivale a 16 mil 777 pesos mensuales.

Otros cambios apoyados por Movimiento Ciudadano fueron la reforma para que el Estado retome el control de las vías ferroviarias para la prestación del servicio de pasajeros, así como la reforma para establecer un sistema de vivienda con orientación social para las trabajadoras y los trabajadores mediante el otorgamiento de créditos baratos y el arrendamiento social. 

La Bancada Naranja también respaldó la reforma que promueve la participación efectiva de las comunidades indígenas y afromexicanas en las decisiones que afectan sus territorios y recursos, así como la reforma que eleva a rango constitucional la protección y el cuidado de los animales.