Al gran Qucho, monero, por su talento y generosidad.

Juan Luis H. González S.

Desde antes de tomar posesión como gobernador, Pablo Lemus sabía que la seguridad iba a ser su principal desafío, pero lo que quizá no calculó es que Jalisco sería el primer campo de tensión para el nuevo gobierno federal. Lo de Teuchitlán alcanzó, para mal, dimensiones exorbitantes. Ahora, aunque a otra escala, parece ser el turno de Teocaltiche.

Hace unos días, el fiscal Alejandro Gertz Manero dejó claro lo que viene: hay más ranchos como el de Izaguirre operando en el estado, dijo. Fue una amenaza más que una advertencia.

En este escenario, el reto para Lemus y para Jalisco es triple. Primero, la percepción. Según la más reciente Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del INEGI, el 76.7 por ciento de la población del estado considera que vivir aquí es inseguro. Aunque existen avances en ciertos indicadores, la percepción de vulnerabilidad no ha cedido.

Segundo, la operación. Jalisco ha construido centros de vigilancia, desplegado plataformas tecnológicas y apostado por la coordinación desde hace años, pero la realidad sigue eclipsando a las acciones. La violencia en los Altos, los reportes constantes de desapariciones, el hallazgo de nuevas fosas clandestinas y la operación territorial de grupos armados en diversas zonas revelan una verdad incómoda: el gobierno de Jalisco no tiene el control pleno del territorio.

Municipios como Teocaltiche, Encarnación de Díaz, Tepatitlán, Lagos de Moreno o Yahualica son prueba de ello. Y aunque se presuma, una y otra vez, capacidad institucional, lo que ocurre en el terreno cuenta otra historia: la disputa por “las plazas” sigue, y la presencia del gobierno estatal es intermitente.

Tercero, la dimensión política. La seguridad es uno de los ejes prioritarios del nuevo gobierno federal. La presidenta Claudia Sheinbaum —con Omar García Harfuch al frente— ha dejado claro que no dudará en intervenir donde lo considere necesario, incluso si esto tensa las relaciones con los gobiernos estatales.

Lemus, que ha optado por el diálogo y la moderación, tendrá que caminar esa ruta con extrema cautela. A diferencia del sexenio anterior, la presidencia está asumiendo el tema de la seguridad con todo lo que ello implica: costos, resultados, omisiones y errores, sean propios o ajenos.

En materia económica, Jalisco no tiene problema: camina solo. Ha logrado sostener su crecimiento a través de inversión privada, innovación tecnológica, agroindustria, turismo y exportaciones desde hace varios sexenios. Pero en seguridad, el margen de error es mínimo: el gobernador no puede garantizar la paz por decreto, como lo intentó hacer en Teocaltiche. Ahí está el verdadero reto de Pablo Lemus: contener la violencia, recuperar el territorio y reconstruir la confianza ciudadana, más allá del discurso. No hay espacio para titubeos ni tiempos muertos.

Así las cosas, este es el escenario que enfrenta Jalisco: un gobierno federal que vendrá por resultados, una FGR que ya tiene al estado en la mira y una ciudadanía que no está para mensajes alentadores, sino para respuestas concretas.

Lemus arrancó el sexenio evitando las confrontaciones políticas con la federación y con la oposición local, pero en un contexto donde los equilibrios son tan frágiles, los errores serán más costosos. El caso Teuchitlán marcó el tono. Lo que ocurra en Jalisco —en materia de seguridad— podría seguir resonando en el ámbito nacional.

Está claro que la seguridad no es sólo patrullaje, armas y presencia policíaca. Es una agenda compleja que exige estrategia, legitimidad, confianza pública y, sobre todo, inteligencia para decidir cuándo avanzar, cuándo resistir y cuándo retroceder.

Pablo Lemus está en el centro de un laberinto que representa la tranquilidad y la vida de millones de jaliscienses que también caminan entre pasillos de incertidumbre, buscando una salida que aún nadie —ni el propio gobernador— ha podido avizorar.