Las acusaciones están relacionadas con un presunto desfalco de 5,186 millones de pesos durante su mandato (2015-2021). El caso involucra contratos irregulares con Inmobiliaria DYF, firmados sin licitación para construir siete cuarteles policiales. Algunos inmuebles no eran propiedad de la empresa al momento del acuerdo, y uno incluso ya era terreno público cuando fue pagado.

La FGR sostiene que se realizaron operaciones financieras para ocultar el origen ilícito de los recursos. En marzo de 2025, se giró una orden de aprehensión contra Aureoles, y se emitió una ficha roja de Interpol para su localización internacional.

Durante su gestión, Aureoles fue objeto de múltiples controversias y demandas ciudadanas por presuntas irregularidades financieras. La audiencia del 20 de agosto será clave para definir si se le vincula a proceso penal.

De comprobarse los delitos, podría enfrentar una sentencia condenatoriapor los cargos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.